Un estudio de la plataforma Shakers sobre 1.035 profesionales de IA en 23 países europeos revela que la mayoría de los expertos ibéricos ya consideran la Ley de IA de la UE un activo competitivo, no un freno.
Un estudio de la plataforma de talento tecnológico Shakers, con 1.035 profesionales encuestados en 23 países europeos, constata que el 63% de los expertos en inteligencia artificial de España y Portugal percibe la regulación comunitaria como una ventaja comercial frente a solo un 7,1% que la ve como un obstáculo. Un estudio de la plataforma Shakers sobre 1.035 profesionales de IA en 23 países europeos revela que la mayoría de los expertos ibéricos ya consideran la Ley de IA de la UE un activo competitivo, no un freno. En la práctica: El dato revierte la narrativa dominante desde la aprobación de la Ley de IA europea, que advertía de que la regulación restaría competitividad a las empresas del continente frente a Estados Unidos o China.
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El informe "State of European AI Builders 2026", elaborado por la plataforma Shakers a partir de una encuesta a 1.035 profesionales de inteligencia artificial en 23 países europeos, concluye que la percepción sobre la regulación comunitaria ha cambiado de signo en España y Portugal: el 63% de los expertos ibéricos consultados considera que la Ley de IA de la Unión Europea (AI Act) supone una ventaja comercial, frente a apenas un 7,1% que todavía la percibe como un freno a su actividad. A escala europea, la proporción de profesionales que ve la norma como un beneficio se sitúa en el 64%, un nivel muy similar al registrado en la península ibérica.
El cambio de percepción coincide con la entrada en vigor, el pasado 2 de agosto de 2026, de las obligaciones de transparencia de la Ley de IA europea, que exigen a empresas y desarrolladores informar sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en determinados productos y servicios. Según el estudio, esta exigencia regulatoria se ha convertido en uno de los principales motivos que impulsan la proyección internacional de los profesionales de la región: un 68,5% de los encuestados en España y Portugal afirma vender ya sus servicios fuera de sus fronteras, apoyándose en el cumplimiento normativo como elemento diferencial frente a competidores de mercados menos regulados.
El impacto económico de este giro ya es tangible para una parte de los profesionales consultados. Un 24,9% de los expertos ibéricos asegura haber conseguido proyectos, contratos o mayores responsabilidades gracias directamente al cumplimiento de la normativa europea (un 26% en el conjunto de Europa), mientras que otro 38,1% espera poder monetizar esa ventaja competitiva en los próximos meses (37% a escala europea). Además, un 38,6% de los encuestados en la península ibérica considera que comunicar de forma transparente el uso de inteligencia artificial en su trabajo incrementa el valor percibido de sus servicios frente a clientes.
No todas las implicaciones de la nueva normativa son positivas para los encuestados: el estudio recoge que un 4,1% de los profesionales ha sufrido algún tipo de penalización, comercial o contractual, por declarar abiertamente el uso de herramientas de inteligencia artificial en sus proyectos, lo que evidencia que la transición hacia la transparencia regulatoria no está exenta de fricciones en determinados segmentos del mercado.
El informe de Shakers, descrito por la compañía como el primer retrato anual de quiénes construyen la inteligencia artificial en Europa, combina por primera vez las respuestas de autónomos y empleados sobre las mismas preguntas relativas a su actividad con IA. Entre sus hallazgos adicionales figura que los profesionales independientes han visto crecer sus tarifas casi tres veces más rápido que los salarios de los empleados (un 25% frente a un 9%) y que cerca de uno de cada cuatro empleados contempla seriamente pasar a trabajar por cuenta propia en los próximos 24 meses.
El debate sobre si la regulación europea de la inteligencia artificial perjudica o favorece la competitividad del sector viene produciéndose desde la negociación de la AI Act en 2023 y 2024, cuando parte de la industria tecnológica advirtió de que las obligaciones de cumplimiento podrían frenar la innovación frente a regiones con marcos legales más laxos.
El dato revierte la narrativa dominante desde la aprobación de la Ley de IA europea, que advertía de que la regulación restaría competitividad a las empresas del continente frente a Estados Unidos o China.
Para los profesionales de España y Portugal, el cumplimiento normativo empieza a traducirse en contratos y proyectos concretos, especialmente en mercados internacionales donde la transparencia regulatoria actúa como sello de confianza.
La Ley de IA de la Unión Europea (AI Act) entró en vigor de forma escalonada desde 2024, y sus obligaciones de transparencia para sistemas de inteligencia artificial empezaron a aplicarse el 2 de agosto de 2026.
España ha sido uno de los países que más ha impulsado el despliegue de la IA entre su población activa, según otros estudios recientes como el Allianz Pulse 2026.
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