Nueva York y otros siete estados demandan por acuerdos federales de unos 1.400 millones para cancelar cuatro proyectos eólicos marinos; California añade otra demanda por Morro Bay. La legalidad deberá decidirla un tribunal.
Los estados no han ganado aún: han demandado. La disputa es si el Gobierno federal puede pagar con fondos públicos para deshacer proyectos eólicos ya adjudicados y bajo qué reglas. Nueva York y otros siete estados demandan por acuerdos federales de unos 1.400 millones de dólares para cancelar cuatro proyectos eólicos marinos; California presenta otra demanda por Morro Bay. Los fiscales alegan ilegalidad, pero todavía no existe una sentencia que la establezca. Nueva York y otros siete estados demandan por acuerdos federales de unos 1.400 millones para cancelar cuatro proyectos eólicos marinos; California añade otra demanda por Morro Bay. La legalidad deberá decidirla un tribunal. En la práctica: Nueva York y otros siete fiscales generales demandaron para bloquear dos acuerdos federales por unos 1.400 millones de dólares destinados a cancelar cuatro proyectos eólicos marinos.

Foto: Diego Delso · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Varios estados de EE. UU. han llevado a los tribunales una parte concreta de la política energética de la Administración Trump: pagar a compañías para que abandonen proyectos y arrendamientos de eólica marina.
Nueva York lidera una demanda junto con otros siete fiscales generales contra dos acuerdos que, según la documentación presentada por los estados, movilizan alrededor de 1.400 millones de dólares de fondos federales a cambio de cancelar cuatro proyectos.
California ha presentado además una demanda separada contra un acuerdo relacionado con Invenergy y Morro Bay, por más de 111 millones de dólares.
Los fiscales estatales sostienen que el Departamento del Interior excedió sus facultades y vulneró distintas leyes federales y procedimientos administrativos. Eso es la tesis de las demandas; ningún tribunal ha dictado todavía una sentencia que confirme esas acusaciones.
La Administración federal ha defendido su revisión de la eólica marina por razones que incluyen seguridad nacional, política energética y prioridades presupuestarias. Las empresas afectadas también pueden defender la legalidad de los acuerdos o sus propios intereses contractuales.
El punto económico es poco habitual: no se discute únicamente si el Gobierno deja de subvencionar un proyecto, sino si puede utilizar dinero público para comprar la salida de promotores que ya tenían arrendamientos o contratos.
California afirma además que había invertido más de 100 millones de dólares en puertos, red eléctrica y preparación industrial vinculada a la eólica marina. Nueva York sostiene que los proyectos cancelados eran parte de su planificación para cubrir crecimiento de demanda.
Los litigios pueden afectar no solo a estos proyectos, sino a cómo se reparten competencias entre Gobierno federal y estados en energía marina, uso de aguas federales y transición energética.
También existe una dimensión de seguridad jurídica. Si un promotor puede obtener una concesión, invertir durante años y después aceptar una compensación pública para salir, futuros proyectos tendrán que incorporar ese riesgo político a sus costes.
Lo que debe seguirse ahora no son las declaraciones de cada parte, sino las decisiones judiciales: si los jueces permiten continuar los acuerdos, los suspenden cautelarmente o concluyen que el Ejecutivo federal actuó fuera de sus competencias.
Nueva York y otros siete fiscales generales demandaron para bloquear dos acuerdos federales por unos 1.400 millones de dólares destinados a cancelar cuatro proyectos eólicos marinos.
California presentó por separado una nueva demanda contra un acuerdo de más de 111 millones de dólares relativo a un arrendamiento frente a Morro Bay.
Las demandas alegan, entre otras cosas, uso indebido de fondos federales y vulneraciones del procedimiento administrativo; los tribunales aún no han resuelto esas alegaciones.
Los acuerdos federales pagan a empresas a cambio de renunciar a derechos o arrendamientos de eólica marina y, en varios casos, contemplan inversiones alternativas en otros tipos de energía.
El litigio se enmarca en una política de la Administración Trump de frenar o revertir proyectos eólicos marinos.
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