EE. UU. paga para cancelar parques eólicos y varios estados llevan la operación a los tribunales: qué se discute realmente

Varios estados de EE. UU. han llevado a los tribunales una parte concreta de la política energética de la Administración Trump: **pagar a compañías para que abandonen proyectos y arrendamientos de eólica marina**.

Nueva York lidera una demanda junto con otros siete fiscales generales contra dos acuerdos que, según la documentación presentada por los estados, movilizan alrededor de **1.400 millones de dólares de fondos federales** a cambio de cancelar cuatro proyectos.

California ha presentado además una demanda separada contra un acuerdo relacionado con **Invenergy y Morro Bay**, por más de 111 millones de dólares.

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Los fiscales estatales sostienen que el Departamento del Interior excedió sus facultades y vulneró distintas leyes federales y procedimientos administrativos. **Eso es la tesis de las demandas; ningún tribunal ha dictado todavía una sentencia que confirme esas acusaciones.**

La Administración federal ha defendido su revisión de la eólica marina por razones que incluyen seguridad nacional, política energética y prioridades presupuestarias. Las empresas afectadas también pueden defender la legalidad de los acuerdos o sus propios intereses contractuales.

El punto económico es poco habitual: no se discute únicamente si el Gobierno deja de subvencionar un proyecto, sino si puede utilizar dinero público para **comprar la salida de promotores que ya tenían arrendamientos o contratos**.

California afirma además que había invertido más de 100 millones de dólares en puertos, red eléctrica y preparación industrial vinculada a la eólica marina. Nueva York sostiene que los proyectos cancelados eran parte de su planificación para cubrir crecimiento de demanda.

Los litigios pueden afectar no solo a estos proyectos, sino a cómo se reparten competencias entre Gobierno federal y estados en energía marina, uso de aguas federales y transición energética.

También existe una dimensión de seguridad jurídica. Si un promotor puede obtener una concesión, invertir durante años y después aceptar una compensación pública para salir, futuros proyectos tendrán que incorporar ese riesgo político a sus costes.

Lo que debe seguirse ahora no son las declaraciones de cada parte, sino las decisiones judiciales: **si los jueces permiten continuar los acuerdos, los suspenden cautelarmente o concluyen que el Ejecutivo federal actuó fuera de sus competencias**.