La patronal SpainDC y la consultora CBRE advierten de que el proyecto de Real Decreto sobre centros de datos, pendiente de dictamen del Consejo de Estado, ha paralizado unos 20 proyectos en Andalucía valorados en 10.000 millones de euros, mientras el Gobierno defiende el texto por motivos de coste eléctrico y emisiones.
La consultora CBRE y la patronal SpainDC afirman que el proyecto de Real Decreto sobre centros de datos, ahora en dictamen del Consejo de Estado, ha paralizado unos 20 proyectos en Andalucía valorados en 10.000 millones de euros, mientras el Gobierno defiende el texto por su impacto en el coste eléctrico y las emisiones. La patronal SpainDC y la consultora CBRE advierten de que el proyecto de Real Decreto sobre centros de datos, pendiente de dictamen del Consejo de Estado, ha paralizado unos 20 proyectos en Andalucía valorados en 10.000 millones de euros, mientras el Gobierno defiende el texto por motivos de coste eléctrico y emisiones. En la práctica: Unos 20 proyectos de centros de datos valorados en 10.000 millones de euros están parados en Andalucía mientras se tramita la norma, según CBRE, lo que la patronal SpainDC vincula a un riesgo de fuga de inversión hacia Portugal y Francia.

Racks de servidores en un centro de datos (imagen genérica de ilustración, no corresponde a una instalación española concreta).
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El sector de centros de datos en España denuncia una parálisis inversora provocada por el proyecto de Real Decreto que el Gobierno tramita para regular estas instalaciones. Según datos de la consultora CBRE recogidos por El Español, unos 20 centros de datos con una inversión conjunta de 10.000 millones de euros permanecen bloqueados en Andalucía a la espera de que se apruebe la norma definitiva. Emilio Díaz, presidente de la patronal SpainDC, resume el cambio de percepción de los inversores internacionales: "el teléfono ha dejado de sonar" desde que el Gobierno dio luz verde al proyecto de decreto, y España ha pasado de ser uno de los países más atractivos del sector a uno de los menos interesantes, según sus palabras citadas en ese reportaje.
SpainDC calcula que el sector podría movilizar hasta 66.900 millones de euros de inversión en España de aquí a 2030 si las condiciones regulatorias lo permiten, una cifra que la patronal usa como referencia de lo que estaría en juego. La asociación advierte de que la inversión que no se ejecute en España no desaparecerá, sino que se desplazará a otros mercados europeos, señalando a Portugal y Francia como principales alternativas. En Andalucía, José Antonio Nieto, responsable de inteligencia artificial y desarrollo digital de la Junta, sostiene que España impone "las condiciones más exigentes del mundo" a estas instalaciones y califica el decreto de "una mala decisión, otra más", en referencia a su impacto sobre la soberanía digital y la competitividad autonómica.
El texto, que desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, se tramita conjuntamente entre los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital. Tras el trámite de audiencia e información pública abierto el 10 de septiembre de 2026 y más de seiscientas alegaciones recibidas, el Gobierno remitió una versión revisada al Consejo de Estado el 26 de octubre de 2026 para su dictamen preceptivo, atendiendo también a un informe de la CNMC del 22 de septiembre. El Ejecutivo aspira a aprobar el decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, de acuerdo con la información publicada por El Español; la norma entraría en vigor veinte días después de su publicación en el BOE.
En su versión revisada, el proyecto eleva el umbral de potencia afectado de 1 a 10 megavatios, lo que excluye a buena parte de las instalaciones de borde (edge computing) y colocación de menor tamaño, según el análisis del despacho Ashurst Perkins Coie. Los centros de datos por encima de ese umbral deberán cubrir el 80% de su consumo con energía renovable o contratos de compra a largo plazo (PPA) de al menos seis años, frente a los diez años que proponía el primer borrador. El texto exige además una eficiencia energética de clase A, con un indicador PUE transitorio de 1,25 y un uso de agua (WUE) de 0,1, y añade condiciones de soberanía digital para alojar sistemas de alta seguridad, incluida la residencia de datos en la UE/EEE y medidas frente a solicitudes de acceso de gobiernos de terceros países.
El Gobierno defiende la norma con datos propios: estima que, de no regularse, la incorporación de hasta 10 gigavatios de capacidad de centros de datos para 2030 —frente a 1 gigavatio en un escenario sin estos requisitos— elevaría un 107% el funcionamiento de las centrales de ciclo combinado, un 200% los costes variables totales de generación y un 65% las emisiones de CO2 del sistema eléctrico, según el análisis difundido por el propio Ejecutivo y recogido por los despachos Cuatrecasas y DLA Piper en sus notas técnicas sobre el proyecto. Frente a las primeras versiones, la revisión amplía de 18 a 36 meses el plazo para instalar la generación renovable asociada, permite cubrir parte del requisito con baterías y biomasa, e introduce un régimen de reducción automática de potencia (SRAP) como vía alternativa de acceso a la red.
El resultado es un pulso entre dos lecturas del mismo texto: la industria sostiene que las exigencias, aun suavizadas respecto al primer borrador, siguen siendo más estrictas que las de otros países europeos y están desviando inversión hacia Portugal y Francia; el Gobierno defiende que, sin esas condiciones, el coste del sistema eléctrico y las emisiones asociadas a los nuevos centros de datos crecerían de forma desproporcionada. El Consejo de Estado no ha hecho público aún su dictamen, por lo que ambas partes podrían seguir ajustando sus cálculos antes de la aprobación definitiva.
El proyecto de Real Decreto sobre centros de datos se sometió a audiencia e información pública el 10 de septiembre de 2026 y recibió más de seiscientas alegaciones antes de su revisión.
Unos 20 proyectos de centros de datos valorados en 10.000 millones de euros están parados en Andalucía mientras se tramita la norma, según CBRE, lo que la patronal SpainDC vincula a un riesgo de fuga de inversión hacia Portugal y Francia.
El proyecto de decreto desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026 y se tramita de forma conjunta entre los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital.
La versión actual del texto, remitida al Consejo de Estado el 26 de octubre de 2026 tras el informe de la CNMC, ya incorpora varias concesiones respecto al primer borrador, como el aumento del umbral de potencia afectado y la ampliación de plazos para instalar renovables.
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