Un juzgado declara nulo el despido del exdirector de Operaciones del CNIO que denunció presuntas irregularidades

El Juzgado número 12 de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid ha declarado **nulo el despido** del que fuera director de Operaciones y Recursos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO. Según la resolución difundida por EFE, el centro debe readmitirlo en las mismas condiciones, pagar los salarios dejados de percibir desde su salida y abonarle **50.000 euros por daños morales**.

El elemento central de la sentencia es la conexión entre las denuncias del trabajador y su despido. El fallo considera que la salida, producida en agosto de 2025, fue una represalia por haber advertido de **presuntas irregularidades** en el centro. La resolución no es firme: cabe recurso y los servicios jurídicos del CNIO están analizando qué actuaciones adoptar.

Esa conclusión laboral debe separarse de otra cuestión distinta: si las irregularidades denunciadas existieron exactamente como fueron descritas y si constituyen infracciones administrativas o delitos. La sentencia sobre el despido analiza la protección del trabajador y la causa de su cese; no convierte automáticamente en probados todos los hechos denunciados sobre contratos, empresas o antiguos responsables.

Según la información recogida en la sentencia por EFE, el exdirectivo había alertado internamente a finales de 2024 y volvió a trasladar sus advertencias a responsables públicos en marzo de 2025. En junio presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción acompañada de un informe que estimaba entre 20 y 25 millones de euros los recursos supuestamente desviados del fin fundacional. Esa cifra pertenece a la denuncia y no debe presentarse como pérdida acreditada.

La crisis institucional del CNIO es anterior al fallo. En enero de 2025 el Patronato cesó a la entonces directora científica, María Blasco, y al gerente Juan Arroyo. En noviembre de ese año, el propio Patronato informó de la entrega a Fiscalía de un informe elaborado por la nueva gerencia y expresó su voluntad de colaborar con la justicia. También recordó que las cuentas se auditan por la Intervención General del Estado y que el Tribunal de Cuentas revisaba los ejercicios 2022 a 2024.

En diciembre de 2025 el Patronato aprobó además una **auditoría externa** específica sobre contratación y gestión económica y la creación de una función permanente de cumplimiento normativo, canal de denuncias y transparencia. Esas medidas muestran que el centro ya había abierto vías de control adicionales, independientemente del pleito laboral resuelto ahora.

La reorganización continuó en 2026. Tras nuevos cambios en la gerencia, el Patronato decidió en junio iniciar un **proceso de refundación** con modificación de estatutos, una estructura temporal de gobernanza y el objetivo de reforzar control, responsabilidad y funcionamiento interno. El calendario oficial prevé que la nueva gobernanza entre plenamente en vigor en el primer trimestre de 2027.

El fallo del 18 de septiembre afecta directamente a la relación laboral del denunciante y añade presión sobre ese proceso de reforma. Los siguientes datos importantes son si el CNIO recurre, cómo se ejecuta la readmisión mientras se tramita un eventual recurso y qué concluyen por separado Fiscalía, Tribunal de Cuentas y las auditorías sobre las presuntas irregularidades económicas. Mezclar esos procedimientos produciría una conclusión que hoy la evidencia no permite.

La propia secuencia de controles muestra que no existe una única investigación capaz de resolver todas las preguntas. La jurisdicción social examina el despido; Fiscalía estudia posibles hechos con relevancia penal; el Tribunal de Cuentas y las auditorías revisan gestión y contratación; y el Patronato tiene responsabilidad sobre gobernanza. Cada vía utiliza estándares y objetos distintos, de modo que una resolución favorable o desfavorable en una de ellas no sustituye automáticamente a las demás.

También importa qué cambie dentro del centro. La creación de una función de cumplimiento y canal de denuncias solo será efectiva si los empleados pueden comunicar irregularidades sin temer represalias y si las alertas se investigan con trazabilidad. La sentencia laboral convierte esa cuestión en algo concreto: la reforma de gobernanza del CNIO tendrá que demostrar no solo nuevos organigramas, sino cómo protege y procesa las advertencias internas mientras preserva garantías para las personas señaladas.