California refuerza sus reglas electorales antes de las midterms: qué cambian las nuevas leyes y qué no

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 19 de septiembre de 2026 un paquete de leyes electorales en el Democracy Center de Los Ángeles, un lugar que su oficina señaló como el mismo donde agentes federales actuaron el año anterior, en lo que describió como un intento de intimidación política a cargos estatales y a la comunidad de Los Ángeles.

La ley AB 282 (Irwin) crea dos nuevos delitos graves: uno que prohíbe a cualquier persona incautar o provocar la incautación de papeletas, registros electorales o tecnología de votación certificada antes de la certificación de resultados, castigado con hasta tres años de prisión, y otro dirigido específicamente a cargos de autoridad que ordenen a un subordinado hacer lo mismo, castigado con hasta cuatro años.

La ley SB 884 (Umberg) amplía el horario de los puntos de depósito de voto por correo y modifica el tipo de actividades prohibidas cerca de los colegios electorales para las elecciones de 2026 a 2029, mientras que SB 1418 (Cervantes) convierte en delito sustraer material electoral o tecnología de votación de la custodia de los funcionarios electorales y amplía los materiales que deben preservarse en caso de litigio electoral.

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SB 1420 (Richardson) obliga a la Secretaría de Estado a establecer procedimientos uniformes para que un votante pueda emitir su papeleta de voto por correo en un colegio electoral sin necesidad del sobre de identificación original.

SB 42 (Umberg) somete a votación en noviembre de 2026 una medida para derogar la prohibición de financiación pública de elecciones en California, extendiendo esa posibilidad a todos los municipios y condados; el proyecto fue aprobado en el Senado estatal por 29 votos a favor y 8 en contra, con oposición de varios senadores republicanos que alegaron que desvía fondos públicos de otras prioridades.

SB 398 (Umberg) convierte en delito ofrecer pagos u otros incentivos de valor para promover el voto o el registro electoral -incluyendo la posibilidad de ganar una lotería o sorteo-, castigado con prisión, una multa de hasta 10.000 dólares, o ambas; a diferencia de SB 42, esta norma se aprobó por unanimidad en el Senado.

Junto a la legislación, el presupuesto estatal final de Newsom para el año incluye 29 millones de dólares para reforzar personal, tecnología y equipamiento en las oficinas electorales condales, 10 millones adicionales repartidos entre difusión electoral a nivel condal y estatal, y 750.000 dólares específicamente destinados a combatir la desinformación y a preparar al estado ante una eventual interferencia federal.

Newsom declaró: "Donald Trump no se detendrá hasta poder ejercer un control dictatorial sobre el voto libre y privar de derechos a millones de personas este noviembre. California le detendrá en cada oportunidad" -una acusación directa y atribuida al gobernador, no un hecho verificado por esta redacción.

Esta legislación se suma a la SB 73, firmada en mayo de 2026 antes de las primarias estatales de junio, que prohíbe a las fuerzas de seguridad, incluidas las federales, acceder o interferir en los censos electorales y en la tecnología de votación, y a una victoria reciente de California en el Tribunal Supremo que, según la oficina de Newsom, bloquea cambios federales al voto por correo de cara a las elecciones de noviembre.

El fiscal federal de la zona, Bill Essayli, rechazó públicamente la nueva legislación, afirmando en una intervención en Fox News que las investigaciones federales por fraude electoral continúan pese a la nueva ley estatal.

El paquete legislativo se enmarca además en la disputa más amplia por la Proposición 50, que modificaría los distritos electorales de California -una respuesta, según Newsom, a una redistribución similar impulsada por los republicanos de Texas- y a la que el gobernador se ha referido acusando a Trump de intentar "amañar" las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El precedente ayuda a medir la escala del cambio. La tensión entre Newsom y la Administración Trump sobre asuntos electorales y de seguridad en California se remonta al menos al despliegue de cerca de 700 marines junto a tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, que llevó a Newsom a pedir a un tribunal que bloqueara el despliegue, alegando que "tomar el control de la Guardia Nacional de un estado sin consultar a su gobernador es ilegal e inmoral".