Bolivia aprueba el acuerdo de 1.900 millones con el FMI: qué financia, qué exige y por qué puede desbloquear otros 5.000 millones

El Senado de Bolivia aprobó el 18 de septiembre, por más de dos tercios, el proyecto que autoriza un financiamiento de **aproximadamente 1.900 millones de dólares** del Fondo Monetario Internacional. La Cámara de Diputados había dado su visto bueno el día anterior. Con ambas cámaras cerradas, la norma pasa al Ejecutivo para promulgación. El instrumento es un **Servicio Ampliado del Fondo**, pensado para programas de varios años en economías que necesitan corregir desequilibrios más profundos que una falta puntual de liquidez.

El primer objetivo es reforzar reservas internacionales y la balanza de pagos. Bolivia arrastra escasez de divisas y combustibles, inflación elevada y dificultades para financiar importaciones. En ese contexto, las reservas no son solo una cifra contable: determinan la capacidad del banco central y del sistema financiero para atender demanda de dólares, pagar importaciones esenciales y reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.

El acuerdo tiene además un efecto de señal. El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que la aprobación del FMI puede abrir acceso a **otros 5.000 millones de dólares** de bancos y organismos multilaterales. Esa cifra no es un desembolso automático: depende de programas, préstamos y decisiones separadas. Pero un acuerdo con el Fondo puede funcionar como certificación de que existe un marco macroeconómico supervisado, reduciendo el riesgo percibido por otros financiadores.

A cambio, el programa exige cambios. El Gobierno ha presentado medidas para reducir el déficit, reordenar gasto y modificar subsidios, especialmente el del diésel. Estos subsidios abaratan artificialmente el combustible para consumidores y sectores productivos, pero cuestan divisas porque Bolivia necesita importar parte del producto. Retirarlos mejora las cuentas fiscales y reduce demanda de dólares, aunque también traslada el coste al transporte, agricultura y precios finales.

Ese mecanismo explica por qué los programas de estabilización son políticamente difíciles. El beneficio —reservas más fuertes, menor riesgo de crisis cambiaria y mejor acceso a financiación— es gradual y abstracto. El coste de un combustible más caro aparece de inmediato. Sindicatos y organizaciones sociales han advertido contra recortes y retirada de subsidios, mientras el Ejecutivo ha anunciado ayudas monetarias y líneas preferentes de crédito para amortiguar el impacto sobre hogares y pequeños negocios.

El Servicio Ampliado tampoco suele desembolsarse entero el primer día. El FMI libera recursos en tramos vinculados a revisiones periódicas sobre metas fiscales, monetarias y estructurales. Eso introduce una disciplina externa: si el programa se desvía, los siguientes desembolsos pueden retrasarse. Para Bolivia, la ventaja es que evita gastar toda la munición de una vez; el riesgo es que cualquier choque político o económico complique el cumplimiento justo cuando el país depende del financiamiento.

La comparación histórica es sensible porque la relación de Bolivia con el FMI ha sido políticamente cargada durante décadas. Gobiernos anteriores construyeron parte de su discurso económico sobre la distancia respecto al Fondo. El regreso a un programa amplio señala hasta qué punto se ha deteriorado la disponibilidad de divisas y financiación. No implica que todas las políticas sean dictadas desde Washington, pero sí que el Gobierno acepta metas y revisiones negociadas con el organismo.

Las reservas son el indicador inmediato a vigilar porque conectan casi todos los problemas. Cuando un país importa combustible, maquinaria o medicamentos y tiene pocos dólares líquidos, aparecen colas, restricciones y mercados paralelos. Un desembolso del FMI eleva el colchón, pero solo se estabiliza si la salida mensual de divisas deja de superar de forma persistente las entradas por exportaciones, remesas, inversión y financiación. Por eso el programa combina dinero fresco con medidas destinadas a corregir el flujo.

La retirada de subsidios al diésel tiene precisamente esa doble lógica fiscal y externa. El Estado deja de asumir parte del precio y, si el consumo se modera, puede reducir importaciones. Pero el combustible es un insumo transversal: entra en transporte de mercancías, agricultura, minería y distribución. Una subida puede trasladarse a alimentos y servicios antes de que la mayor disponibilidad de divisas reduzca inflación por otros canales. El balance social dependerá de la magnitud, velocidad y compensaciones del ajuste.

Hay también una cuestión cambiaria. Un programa exitoso debería reducir la presión sobre el mercado de dólares si aumenta reservas y confianza. Pero eso exige que el ajuste fiscal y monetario sea creíble. Si la población sigue esperando devaluación o inflación alta, puede continuar demandando divisas incluso después de los desembolsos. Por eso las reservas compran tiempo; no sustituyen una corrección sostenible de déficit, importaciones, exportaciones y credibilidad monetaria.

El tamaño del acuerdo debe ponerse en escala. 1.900 millones son relevantes para una economía boliviana con restricciones de reservas, pero no bastan para cubrir indefinidamente un desequilibrio externo grande. La apuesta oficial es que el FMI sea el núcleo de un paquete mayor y que el ajuste reduzca la velocidad a la que se consumen dólares. Si solo entra financiación sin corregir el flujo que genera la escasez, el alivio sería temporal.

Los próximos hitos son concretos: promulgación nacional, aprobación del directorio del FMI, calendario de desembolsos y primera revisión. También será necesario medir inflación, brecha cambiaria, reservas y actividad después de los cambios de subsidios. El éxito no se demuestra con la firma, sino si Bolivia logra estabilizar precios y divisas sin una contracción social y productiva que haga políticamente inviable el programa.

La velocidad importa tanto como el destino. Un ajuste demasiado lento puede gastar las reservas nuevas antes de corregir el desequilibrio; uno demasiado rápido puede destruir demanda, empleo y apoyo político. La secuencia de desembolsos, compensaciones sociales y retirada de subsidios será por eso tan relevante como las metas finales negociadas con el Fondo.