Adorni atribuye 591.000 dólares de su fortuna a bitcoin comprado en efectivo y en persona

Manuel Adorni fue la voz oficial del Gobierno de Javier Milei como vocero presidencial antes de asumir la jefatura de Gabinete, cargo que ocupó hasta finales de junio de 2026. Meses después de dejar el puesto, quedó bajo la lupa de la Justicia federal por una causa de enriquecimiento ilícito que investiga el crecimiento de su patrimonio durante el ejercicio de la función pública.

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción junto al juez federal Ariel Lijo, había detectado 43 millones de pesos argentinos y 402.578 dólares cuyo origen no podía acreditarse con la documentación disponible, y formuló 20 puntos de aclaración obligatoria para Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, escribana de profesión.

La respuesta, redactada por el abogado Matías Ledesma y presentada el 21 de septiembre de 2026, tiene 78 páginas. Su eje central es que 591.544,61 dólares de la fortuna del matrimonio provienen de operaciones con bitcoin realizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, es decir, antes de que Adorni asumiera como agente público el 10 de diciembre de 2023.

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Según el escrito, esos fondos se distribuyeron en ocho billeteras virtuales cuya titularidad Adorni reivindica por poseer las claves de acceso, aunque no figuran a su nombre. Las ocho direcciones, indica la defensa, solo registran actividad entre 2014 y 2018 y no conservan saldo, por haber sido liquidadas antes de que él ingresara a la función pública.

El método de compra y venta descrito es enteramente informal: según Adorni, adquiría bitcoin en encuentros presenciales en espacios públicos, pagando en efectivo en dólares, sin operar nunca a través de un exchange y sin conocer la identidad de sus contrapartes, bajo lo que el escrito llama “estricto anonimato”. La consecuencia directa es que no existen recibos, comprobantes bancarios ni testigos que permitan corroborar externamente esas operaciones.

El escrito también explica cómo se fue empleando ese dinero: los saldos declarados pasan de 513.000 dólares al cierre de 2023 a 388.961,52 dólares al cierre de 2024 y a 209.961,52 dólares al cierre de 2025, lo que la defensa presenta como una conversión progresiva a efectivo para gastos y ahorro familiar, no como ingresos nuevos generados durante la función pública.

Además de las criptomonedas, el descargo aborda otras operaciones patrimoniales cuestionadas: la vivienda familiar en Indio Cuá —cuyo coste real, según Adorni, fue de 175.000 dólares financiados con hipoteca y ahorros, frente a los 245.000 dólares que había declarado el constructor—, un lote adyacente pagado con un mutuo hipotecario de 100.000 dólares, y la adquisición de un vehículo Jeep Compass mediante permuta de otro automóvil sin desembolso adicional en efectivo.

El abogado de Adorni sostiene en el escrito que la evolución patrimonial de su cliente entre diciembre de 2023 y junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica” aportada. Ahora corresponde al fiscal Pollicita evaluar esa prueba y decidir si la intimación queda satisfecha o si solicita al juez Lijo la citación a indagatoria de Adorni y de Angeletti, un paso que los convertiría formalmente en imputados.

El precedente y los comparables ayudan a situar el dato: Otras causas de enriquecimiento ilícito en Argentina donde se invocan activos de difícil trazabilidad como justificación patrimonial.

Hay discrepancias que conviene conservar: La cifra circula como 591.544,61 dólares (exacta, según el escrito), 'casi 600.000' o '600.000' según el redondeo de cada medio.

El mecanismo o cálculo relevante es este: Los saldos declarados descienden de 513.000 USD (cierre 2023) a 388.961,52 USD (cierre 2024) y 209.961,52 USD (cierre 2025), lo que implica un consumo/conversión de aproximadamente 303.000 dólares en dos años, presentado por la defensa como gasto de un activo preexistente y no como ingreso nuevo..

La evidencia admite alternativas que no deben confundirse con hechos probados: Los fondos provienen efectivamente de operaciones de bitcoin previas a la función pública, como sostiene la defensa; Los fondos tienen otro origen no acreditado y la narrativa cripto busca cubrir ingresos no declarados durante el ejercicio del cargo.

Quedan abiertas estas incertidumbres: No hay forma pública de verificar la titularidad real de las ocho billeteras ni la existencia de las operaciones en efectivo descritas; Se desconoce si la fiscalía dispone de herramientas de análisis blockchain independientes para contrastar el relato.