El PNF solicita cuatro años de prisión, dos de ellos de cumplimiento efectivo, 450.000 euros de multa, confiscación y cinco años de inhabilitación. Es una petición de la acusación al cierre del juicio: el tribunal todavía no ha dictado sentencia.
La acusación sostiene que los 900.000 euros cobrados por Dati entre 2010 y 2012 no correspondían únicamente a asesoría jurídica y estaban vinculados a su influencia como eurodiputada. Dati lo niega. El tribunal deberá decidir si esa tesis queda probada. El PNF solicita cuatro años de prisión, dos de ellos de cumplimiento efectivo, 450.000 euros de multa, confiscación y cinco años de inhabilitación. Es una petición de la acusación al cierre del juicio: el tribunal todavía no ha dictado sentencia. En la práctica: La Fiscalía pide una pena de prisión relevante y una inhabilitación que, si fuera impuesta con ejecución provisional, tendría efectos políticos inmediatos.

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La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha pedido cuatro años de prisión para Rachida Dati al cierre de su juicio en París por presunta corrupción pasiva y tráfico de influencias en el caso Renault-Nissan.
Le Monde informa de que el PNF solicita cuatro años de cárcel, de los que dos serían de cumplimiento efectivo, además de 450.000 euros de multa, 900.000 euros de confiscación y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía ha pedido que las penas complementarias de inhabilitación tengan ejecución provisional, es decir, que puedan aplicarse inmediatamente si el tribunal las impone, incluso aunque exista recurso.
La acusación sostiene que Dati recibió alrededor de 900.000 euros entre 2010 y 2012 de la alianza Renault-Nissan a través de su filial neerlandesa RNBV mientras era eurodiputada y que esas cantidades estaban vinculadas a actividades de influencia en el Parlamento Europeo.
Dati sostiene que los pagos correspondían a servicios jurídicos legítimos. La existencia de transferencias o contratos no resuelve por sí sola la cuestión penal: el tribunal debe decidir si hubo contraprestación ilícita, corrupción o tráfico de influencias.
Rachida Dati ha ocupado las carteras de Justicia y Cultura y actualmente es alcaldesa del séptimo distrito de París. Su trayectoria política no altera la presunción de inocencia ni el estándar probatorio aplicable.
Carlos Ghosn también está siendo juzgado en este procedimiento en ausencia. La Fiscalía ha solicitado contra él cuatro años de prisión y multa, además de mantener otras medidas vinculadas a su situación procesal.
Las requisitorias del PNF no son una sentencia. WIRESdesk separa la tesis de la acusación, la defensa de Dati y la decisión pendiente del tribunal.
La Fiscalía pide una pena de prisión relevante y una inhabilitación que, si fuera impuesta con ejecución provisional, tendría efectos políticos inmediatos.
El caso examina si pagos presentados como servicios jurídicos encubrieron actividades de influencia mientras Dati era eurodiputada.
El siguiente hito es la sentencia del tribunal; hasta entonces no existe condena.
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