Qué ha pasado
El 26 de octubre de 2021, activistas de Greenpeace realizaron una acción directa en aguas del puerto de Sagunto (Valencia) para intentar impedir la entrada del buque Merchant, procedente de Estados Unidos y cargado de gas.
Uno de los activistas permaneció encadenado durante unas 12 horas al ancla del Esperanza, el buque de Greenpeace utilizado en la protesta, hasta que efectivos de la Guardia Civil abordaron la embarcación y cortaron las cadenas del ancla para proceder a su desalojo.
El Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión para cada uno de los 11 activistas encausados, de 8 nacionalidades diferentes —entre ellas 4 de nacionalidad española—, lo que suma una petición conjunta de 55 años de cárcel.
Según Greenpeace, se trata de la mayor pena jamás solicitada contra personas activistas medioambientales en toda Europa.
La defensa de los acusados reclama la libre absolución y sostiene que la acción se desarrolló en el marco de una protesta ambiental pacífica, sin que existiera peligro real para la navegación ni confrontación con los agentes de la Guardia Civil.
El juicio comenzó el 23 de septiembre de 2026 en la Sala de Vistas Tiranch de la Ciudad de la Justicia de Valencia, ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia.
Amnistía Internacional acude como observadora independiente al juicio, dadas las implicaciones que la organización atribuye al proceso en relación con la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
También asiste como observador Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos en el contexto del cambio climático, dado que el derecho a la protesta está protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por instrumentos de la ONU.
Como parte de su campaña de visibilización, Greenpeace desplegó un ojo gigante de 530 metros cuadrados en la fachada del Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, con los mensajes 'The world is watching' y 'Activism is not a crime'; la acción, en la que participaron 43 activistas, fue retirada por la Policía Nacional tras la alerta del recinto.
El buque rompehielos Arctic Sunrise, emblema histórico de Greenpeace, atracó en el puerto de Valencia coincidiendo con las fechas del juicio, con visitas públicas gratuitas y una rueda de prensa el 22 de septiembre junto a relatores de la ONU.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, calificó el proceso como 'un intento global de intimidación a la movilización social' frente a una acción que definió como 'pacífica, transparente, pública y estrictamente no violenta'.
El antecedente relevante es este: La acción de 2021 se enmarcó en la campaña de Greenpeace contra la expansión de infraestructuras de gas fósil en España. El caso se suma a un contexto europeo de juicios con peticiones de pena elevadas contra activistas climáticos, señalado por organizaciones de derechos humanos como parte de una tendencia de mayor represión judicial de la protesta ambiental.
La consecuencia práctica que conviene separar del titular es esta: Una eventual condena sentaría un precedente sobre el tratamiento penal de acciones directas no violentas de protesta ambiental en España y podría influir en la estrategia de movilización de organizaciones ecologistas. La atención de observadores internacionales (Amnistía Internacional, relator de la ONU) eleva la repercusión del fallo más allá del ámbito judicial español.
Los comparables permiten poner la magnitud en contexto: climatica.coop sitúa el caso como la mayor petición de pena en Europa para activismo climático, en comparación implícita con otros juicios climáticos europeos, sin detallar cifras concretas de esos otros casos en las fuentes consultadas..
La principal discrepancia entre fuentes o definiciones es esta: La Fiscalía califica los hechos como un delito de desórdenes públicos agravados con riesgo real para la navegación; la defensa y Greenpeace sostienen que no hubo peligro real ni confrontación con los agentes, y que se trató de una protesta pacífica..
El mecanismo o cálculo que conecta los hechos funciona así: 5 años de prisión solicitados por activista × 11 activistas = 55 años de petición conjunta de cárcel..
Contexto
El delito de desórdenes públicos agravados en el Código Penal español puede conllevar penas de prisión cuando se considera que hubo alteración grave del orden con riesgo para personas o bienes; la defensa cuestiona que ese riesgo existiera realmente en este caso.
climatica.coop sitúa el caso como la mayor petición de pena en Europa para activismo climático, en comparación implícita con otros juicios climáticos europeos, sin detallar cifras concretas de esos otros casos en las fuentes consultadas.
Resultado final del juicio y la sentencia
