Qué ha pasado
El Pleno del Congreso tomó en consideración el 22 de septiembre la Proposición de Ley 122/000105, denominada oficialmente de jubilación sin penalización. El registro de la Cámara publica 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones. La suma da 347 votos emitidos. La consecuencia inmediata es procesal: la iniciativa puede seguir tramitándose. No existe, por esta votación, un nuevo derecho ya exigible ante la Seguridad Social.
La propuesta fue registrada originalmente en mayo de 2024 por el Grupo Mixto y llevaba más de dos años en situación de toma en consideración. El texto plantea modificar las reglas de jubilación anticipada para que no se aplique reducción cuando el trabajador acredite un período de cotización de 40 años. La redacción publicada en el Boletín Oficial de las Cortes afecta a los artículos que regulan distintas modalidades de jubilación anticipada y añade un tratamiento específico para carreras largas.
La idea práctica es sencilla, aunque su aplicación individual no lo sea: hoy una persona puede haber cotizado durante cuatro décadas y seguir sufriendo una reducción permanente de la pensión si se jubila antes de la edad ordinaria y entra en uno de los supuestos sujetos a coeficientes reductores. La proposición pretende que, alcanzados los 40 años cotizados, ese recorte deje de aplicarse dentro de los casos cubiertos por el texto final.
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La iniciativa también incorpora retroactividad. Las coberturas de la propuesta y el propio debate parlamentario describen un mecanismo para que personas que ya accedieron a la jubilación con al menos 40 años cotizados puedan solicitar un nuevo cálculo si la reforma termina aprobándose en esos términos. Esa parte es especialmente relevante porque amplía el posible efecto desde futuros jubilados a pensiones ya reconocidas, pero sigue siendo una propuesta y puede cambiar durante la tramitación.
El precedente político más próximo es una moción aprobada por el Congreso el 13 de noviembre de 2025. Aquella iniciativa, que no tenía fuerza de ley, salió adelante con 180 votos a favor, ninguno en contra y 170 abstenciones e instaba al Gobierno a impulsar reformas para evitar coeficientes reductores a quienes hubieran cotizado 40 años. La votación de septiembre de 2026 es distinta: abre la vía legislativa de una proposición concreta.
También existe una diferencia entre apoyo a tramitar y apoyo al texto definitivo. Un grupo parlamentario puede votar a favor de que una iniciativa siga su recorrido y después proponer enmiendas o votar contra la redacción final. Por eso los 178 votos favorables de la toma en consideración no permiten anticipar el resultado final ni asegurar que el umbral, la retroactividad o la fórmula económica se mantengan sin cambios.
El coste es uno de los puntos de disputa. El Gobierno ha situado en torno a 3.358 millones de euros el impacto anual de eliminar las penalizaciones en los términos planteados, según las cifras difundidas durante el debate: aproximadamente 1.345 millones para jubilaciones anticipadas voluntarias y 2.013 millones para involuntarias. Esa cifra es una estimación del Ejecutivo sobre la propuesta, no un coste ya ejecutado ni una liquidación presupuestaria.
El número de posibles beneficiarios tampoco debe tratarse como una cifra cerrada. Podemos y asociaciones de afectados han hablado de alrededor de 900.000 pensionistas, mientras que el efecto real depende de la definición final del colectivo, de las modalidades incluidas, de los años acreditados y del alcance de la retroactividad. Hasta que exista un texto final y memoria económica definitiva, conviene presentar esas cifras como estimaciones atribuidas.
Para una persona concreta, la pregunta útil no es únicamente si tiene 40 años cotizados. También importan la modalidad de jubilación anticipada, la fecha de acceso, los meses de anticipo, el régimen aplicable y el coeficiente que se utilizó o se utilizaría. La proposición busca eliminar el recorte a partir del umbral de 40 años, pero el importe final de cada pensión seguiría dependiendo de su base reguladora y del resto de requisitos de acceso.
Un ejemplo permite entender por qué todavía no puede calcularse un aumento universal. Si dos pensionistas tienen la misma base reguladora pero se jubilaron en fechas diferentes, con modalidades distintas y meses de anticipo diferentes, sus coeficientes actuales pueden no coincidir. El cambio propuesto eliminaría el factor reductor en los casos que finalmente cubra la ley; no establece una cantidad fija mensual igual para todos.
El siguiente paso es parlamentario. Tras la toma en consideración, la iniciativa puede recibir enmiendas, pasar por ponencia y comisión, volver al Pleno y continuar hacia el Senado, además de afrontar las fases que correspondan antes de una eventual publicación en el BOE. Cualquiera de esos pasos puede alterar el contenido. Por eso hablar hoy de una subida de pensión ya aprobada sería incorrecto.
La señal que debe seguirse a partir de ahora no es otra votación genérica sobre el principio, sino el texto que salga de las enmiendas: si mantiene exactamente 40 años, qué modalidades cubre, desde qué fecha tendría efectos, cómo se solicitaría el recálculo de pensiones existentes y qué memoria económica acompaña la reforma. Esos detalles determinarán quién cobra más, cuánto y desde cuándo.
El histórico que importa
La proposición de ley 122/000105 fue presentada el 23 de mayo de 2024 y publicada en el BOCG el 31 de mayo de ese año.
El 13 de noviembre de 2025 el Congreso aprobó una moción no legislativa para impulsar reformas sobre jubilación sin penalización con más de 40 años cotizados: 180 votos a favor, 0 en contra y 170 abstenciones.
El 22 de septiembre de 2026 la toma en consideración de la proposición de ley salió adelante por 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones.
Contexto
Los coeficientes reductores disminuyen la cuantía de determinadas jubilaciones anticipadas en función de modalidad, meses de anticipo y carrera de cotización.
Una moción parlamentaria expresa una posición o insta a actuar, pero no modifica por sí misma la ley; una proposición de ley sí puede hacerlo si completa toda la tramitación.
La estimación de coste presupuestario y el número de beneficiarios pueden variar si el Parlamento modifica el ámbito o la retroactividad de la propuesta.
