Un juez de Washington falló a favor de los fondos OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, elevando a 13 el número de sentencias contra el Estado español por los recortes a las primas eólicas y fotovoltaicas decretados en 2013.
Un tribunal federal de Washington ha dictado cuatro nuevas sentencias contra España por el impago de laudos arbitrales relacionados con los recortes a las ayudas a las energías renovables aprobados en 2013, lo que eleva a 935 millones de euros la deuda que el Estado español puede verse obligado a pagar en Estados Unidos. Un juez de Washington falló a favor de los fondos OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, elevando a 13 el número de sentencias contra el Estado español por los recortes a las primas eólicas y fotovoltaicas decretados en 2013. En la práctica: La acumulación de condenas incrementa el riesgo de que activos del Estado español en Estados Unidos puedan ser objeto de embargo para satisfacer las sentencias, y añade presión financiera y diplomática sobre el Gobierno.
El juez Randolph Moss, del Tribunal de Distrito de Columbia en Washington, ha emitido cuatro nuevas resoluciones que condenan a España a pagar indemnizaciones a los fondos de inversión OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, con sede en Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo respectivamente. Las sentencias, conocidas la semana del 6 de octubre de 2026, reconocen el derecho de estos inversores a cobrar "el importe íntegro de la compensación otorgada por los tribunales arbitrales", según recoge la resolución judicial citada por varios medios económicos españoles.
Con estas cuatro nuevas condenas, la cifra total de sentencias dictadas en Estados Unidos contra España por este motivo asciende a 13, y la deuda acumulada que el país podría verse obligado a abonar llega a los 935 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Infobae y El Debate a partir de los importes reconocidos en cada laudo. El juez Moss rechazó los argumentos presentados por el Gobierno español para frenar la ejecución de los laudos arbitrales.
El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma regulatoria que redujo de forma retroactiva las primas y compensaciones que percibían los propietarios de instalaciones eólicas y fotovoltaicas construidas durante el boom de renovables de la década anterior. Numerosos inversores internacionales recurrieron entonces a tribunales de arbitraje internacional, como el CIADI, alegando que el cambio normativo vulneraba los tratados de protección de inversiones, y obtuvieron laudos favorables que España se ha negado a pagar íntegramente, lo que ha llevado a los fondos afectados a litigar en tribunales estadounidenses para forzar su ejecución.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya había rechazado en junio de 2026 un recurso previo de España para frenar la ejecución de estos laudos, allanando el camino para las nuevas sentencias conocidas esta semana. El Gobierno español sostiene que estos laudos son contrarios al derecho comunitario europeo, un argumento que tribunales estadounidenses han venido descartando en sucesivas resoluciones, por lo que la disputa legal y el riesgo de embargo de activos españoles en territorio estadounidense continúan abiertos.
Desde 2013, España afronta más de medio centenar de demandas de arbitraje internacional por los recortes a las renovables, con condenas acumuladas que distintos análisis sitúan en varios miles de millones de euros en conjunto.
La acumulación de condenas incrementa el riesgo de que activos del Estado español en Estados Unidos puedan ser objeto de embargo para satisfacer las sentencias, y añade presión financiera y diplomática sobre el Gobierno.
El conflicto arranca con el recorte retroactivo a las primas renovables aprobado en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, que generó más de 50 demandas de inversores internacionales ante tribunales de arbitraje.
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