El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó en marzo la 'Chip Security Act', que exigiría verificación de ubicación en los procesadores de inteligencia artificial más avanzados. La industria, con Nvidia a la cabeza, critica públicamente la propuesta como 'inviable', pero un congresista asegura que la propia compañía le confirmó en privado que sí puede hacerlo.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó en marzo la 'Chip Security Act', que obligaría a los fabricantes a incorporar mecanismos de verificación de ubicación en los chips de inteligencia artificial más avanzados para impedir que lleguen a China por rutas de contrabando. La industria del semiconductor rechaza públicamente la medida como 'inviable', pero un legislador asegura que representantes de Nvidia le confirmaron en privado que la tecnología es posible. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó en marzo la 'Chip Security Act', que exigiría verificación de ubicación en los procesadores de inteligencia artificial más avanzados. La industria, con Nvidia a la cabeza, critica públicamente la propuesta como 'inviable', pero un congresista asegura que la propia compañía le confirmó en privado que sí puede hacerlo.

Un chip NVIDIA H100, de la familia de procesadores de IA avanzados afectados por la propuesta de verificación de ubicación en EE.UU., en una fotografía de archivo. Foto: 极客湾Geekerwan / Wikimedia Commons.
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El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en marzo de 2026 la 'Chip Security Act', un proyecto de ley que obligaría a los fabricantes de procesadores de inteligencia artificial avanzados a incorporar mecanismos de verificación de ubicación en su hardware, con el objetivo declarado de impedir que estos chips lleguen a China a través de terceros países como Malasia, Singapur o India, según recoge el diario El Español. El texto no ha superado aún una votación en el pleno de la Cámara ni ha sido debatido en el Senado, por lo que su calendario legislativo y su redacción final siguen siendo incierto a fecha de esta publicación, pese a la presión creciente de varios legisladores para acelerar su tramitación.
La propuesta contempla varias tecnologías de rastreo. La más citada es la 'verificación de ubicación mediante pings' (PLV, por sus siglas en inglés), que mide el tiempo de viaje de una señal entre el chip y servidores de referencia repartidos por el mundo para estimar su posición; según El Español, este método difícilmente puede precisar la ubicación por debajo de los 20 kilómetros, lo que limita su capacidad para distinguir entre centros de datos próximos entre sí. Como alternativas se barajan 'certificados de soberanía' criptográficos, que usan una clave privada protegida por el propio hardware del chip para firmar los mensajes enviados a los servidores, y el 'fingerprinting' físico, que aprovecha variaciones microscópicas de fabricación únicas de cada procesador —ya probado experimentalmente sobre chips Nvidia H100 y H200— para comprobar que el dispositivo que reporta su ubicación es realmente el que fue autorizado para una exportación concreta.
Por su parte, el Departamento de Comercio estudia una vía paralela y menos detallada públicamente: según declaró Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, a medios citados por Xataka, el enfoque consistiría en introducir 'cambios de software o físicos en los propios chips' para que confirmen periódicamente su ubicación, en lugar de depender de un GPS permanente, considerado poco práctico y muy dependiente de redes externas. Xataka señala además que añadir esta lógica de rastreo incrementaría la complejidad de fabricación de cada procesador, con el consiguiente riesgo de encarecer los costes y de introducir nuevas superficies de ataque para posibles intentos de manipulación del hardware.
La patronal del sector, la Semiconductor Industry Association —de la que Nvidia es miembro—, se pronunció públicamente en marzo de 2026 en contra del proyecto, calificando sus exigencias de rastreo de 'nuevas, no probadas y potencialmente inviables', según recoge MIT Technology Review en español. Nvidia, AMD e Intel comparten ese rechazo público, ya que la medida encarecería la fabricación, podría degradar el rendimiento de los chips en centros de datos y abriría nuevas vulnerabilidades de seguridad explotables por terceros, de acuerdo con el análisis de Xataka. Ninguno de los tres fabricantes ha presentado hasta ahora una propuesta técnica alternativa propia que sustituya a los mecanismos de verificación de ubicación planteados por los legisladores.
Frente a esa posición pública, el representante demócrata Bill Foster (Illinois) ha declarado que representantes de Nvidia le confirmaron en privado, en conversaciones técnicas, que la compañía 'por supuesto' puede implementar el rastreo de ubicación exigido por la Chip Security Act —'Yes, of course we can do it', según la cita que recoge MIT Technology Review en español—, aunque matizó que 'nunca pusieron nada por escrito'. La publicación señala además que Nvidia se negó a pronunciarse públicamente sobre si su herramienta Fleet Intelligence, anunciada en diciembre de 2025, podría servir para frenar el contrabando, a pesar de que Reuters ha informado de que esa herramienta permite identificar la ubicación de los chips por país, lo que según MIT Technology Review en español evidencia una distancia notable entre el discurso público y privado de la compañía ante el Congreso.
El debate se produce en un contexto de presión creciente sobre el cumplimiento de los controles de exportación. El 1 de octubre de 2026, las autoridades estadounidenses detuvieron a una persona acusada de haber enviado a China, mediante documentación falsa que indicaba como destino Malasia y Singapur, servidores equipados con GPU por un valor superior a 300 millones de dólares, según recoge El Español. El propio presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha hablado de un 'consenso creciente' en el Congreso en torno a reforzar las restricciones a la exportación de semiconductores, en un momento en que los legisladores impulsan al menos otros cuatro proyectos de ley relacionados con el control de chips, según Korea Times, que no detalla ni sus patrocinadores ni un calendario de votación conjunto para ese paquete legislativo.
La urgencia política del debate también se alimenta de la crisis reputacional de Nvidia: su consejero delegado, Jensen Huang, dimitió tras revelarse su relación con Alice Huang, directora de la firma singapurense Megaspeed, actualmente investigada por presunto contrabando de GPU avanzadas hacia China. El Departamento de Justicia de EE.UU. no ha concluido si Alice Huang es o no una agente vinculada a los servicios de inteligencia chinos, un extremo que sigue sin confirmación oficial y que esta redacción trata como alegación no resuelta, no como hecho probado, siguiendo el mismo tratamiento cauteloso aplicado en la cobertura previa de WIRESdesk sobre la dimisión de Huang.
Ninguna de las fuentes consultadas aporta un calendario cierto de votación ni el resultado final de la Chip Security Act, que a fecha de esta publicación solo ha superado el filtro de comisión en la Cámara de Representantes. Esta redacción no pudo acceder directamente al texto del proyecto de ley en Congress.gov ni al artículo original en inglés que recoge la cita atribuida al representante Bill Foster, por lo que la declaración se reconstruye a partir de su reproducción literal en la edición en español de MIT Technology Review, corroborada por la referencia cruzada de Xataka a la postura pública de la patronal del sector sobre el mismo proyecto de ley y por la confirmación independiente de Korea Times sobre el impulso político que gana la propuesta en el Congreso.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó la Chip Security Act en marzo de 2026.
Nvidia anunció su herramienta Fleet Intelligence, capaz de identificar la ubicación de los chips por país según Reuters, en diciembre de 2025.
Las autoridades estadounidenses detuvieron el 1 de octubre de 2026 a una persona acusada de contrabandear servidores con GPU por más de 300 millones de dólares hacia China.
Jensen Huang dimitió como consejero delegado de Nvidia en el contexto de la investigación sobre su relación con Alice Huang, de Megaspeed, cuyo vínculo con los servicios de inteligencia chinos no ha sido confirmado por el Departamento de Justicia de EE.UU.
Si se aprueba, la Chip Security Act obligaría por primera vez a fabricantes como Nvidia, AMD e Intel a incorporar mecanismos de verificación de ubicación en sus procesadores de IA más avanzados, cambiando de forma estructural el diseño y el coste de estos chips.
La discrepancia entre la posición pública de la industria ('inviable') y la confirmación privada atribuida a Nvidia ante un legislador alimenta la desconfianza del Congreso hacia la autorregulación del sector en materia de controles de exportación.
La propuesta se enmarca en una política estadounidense de control de exportaciones de semiconductores avanzados a China que se ha intensificado en 2026, con detenciones por contrabando y nuevas restricciones sobre entidades y universidades chinas vinculadas a los controles de exportación.
Nvidia ha defendido históricamente, a través de su antiguo consejero delegado Jensen Huang, mantener el acceso de clientes chinos no sancionados a su tecnología de IA, en tensión permanente con las políticas de control de exportaciones de Washington.
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