Qué ha pasado
El Gobierno ha reforzado desde el martes los dispositivos de seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla ante llamamientos difundidos en redes sociales para intentar una nueva entrada irregular coincidiendo con las elecciones parlamentarias en Marruecos.
En Ceuta, la Policía Nacional incorpora 75 agentes de la UIP y la Guardia Civil amplía el servicio de tres pelotones de GRS ya desplegados. RTVE cifra además en 120 agentes adicionales durante la noche y 90 durante la jornada diurna, junto con dos drones y un helicóptero.
En Melilla, la Delegación del Gobierno ha informado de 60 guardias civiles de refuerzo, con nuevas dotaciones de GRS añadidas a las unidades permanentes. La Policía Nacional mantiene además rotaciones reforzadas iniciadas durante el verano.
El operativo es preventivo y no demuestra que vaya a producirse una entrada masiva. Los llamamientos en redes pueden tener alcance incierto y las autoridades ajustan recursos ante un riesgo potencial, no ante un hecho ya ocurrido.
Las cifras de efectivos describen capacidad desplegada y no deben confundirse con número de personas intentando cruzar. Tampoco permiten atribuir a autoridades marroquíes responsabilidad en los llamamientos sin evidencia específica.
Para residentes y servicios públicos de ambas ciudades, el refuerzo puede afectar movilidad, controles y uso de determinadas zonas próximas a la frontera. Para las fuerzas de seguridad, el objetivo es responder con más capacidad sin improvisar ante un posible episodio multitudinario.
El contexto incluye la entrada masiva de finales de julio y una presión sostenida sobre acogida y servicios. Esa experiencia explica el carácter preventivo del despliegue actual, pero cada episodio debe analizarse con datos propios.
El siguiente dato será si se producen intentos coordinados de entrada y con qué magnitud. También será importante conocer cuándo se retiran los refuerzos y si el dispositivo altera de forma duradera la estructura de vigilancia fronteriza.
La evolución de la jornada añade un dato material: la frontera del Tarajal se ha mantenido tranquila y no se ha producido hasta ahora el episodio multitudinario que motivó el despliegue preventivo.
José Manuel Albares asegura además que las autoridades marroquíes han garantizado colaboración para impedir una nueva entrada masiva. Según el ministro, el compromiso se ha trasladado en contactos con su homólogo y a través de las embajadas, con atención tanto a Ceuta como a Melilla.
Eso cambia la lectura del refuerzo: sigue siendo un dispositivo preventivo, pero ya existe una señal diplomática explícita de cooperación del otro lado de la frontera. El indicador a vigilar pasa a ser cuánto tiempo se mantienen los refuerzos y si vuelven a circular convocatorias con capacidad real de movilización.
La gestión de los menores añade una dimensión distinta a la seguridad fronteriza. El Ministerio de Juventud e Infancia confirma que 54 niños y niñas que llegaron solos a Ceuta durante el episodio de finales de julio ya han sido reagrupados con familiares en la península mediante un procedimiento de urgencia.
Además hay más de 300 expedientes de reagrupación familiar abiertos y en estudio por el área de menores de Ceuta. La existencia de un expediente no anticipa su resultado: las autoridades deben verificar relación familiar, condiciones de acogida y que la solución proteja al menor.
Por eso conviene separar tres números que suelen mezclarse: efectivos desplegados en la frontera, personas que intentan cruzar y expedientes de protección de menores. Cada cifra responde a un problema administrativo distinto y ninguna puede sustituir a las otras.
La situación añade ahora un problema material de acogida. El Gobierno está acondicionando un nuevo dispositivo provisional en la zona de la cuesta de Caballería, cerca de Playa de Benítez, para atender a parte de las más de 3.000 personas que continúan sin techo en Ceuta.
Las estimaciones gubernamentales difundidas durante la última semana situaban todavía alrededor de 10.000 personas migrantes en la ciudad, unas 6.000 dentro de recursos habilitados y entre 3.000 y 4.000 en calles, montes y playas. Son estimaciones operativas, no un censo individual cerrado, y pueden cambiar con traslados, salidas y nuevas identificaciones.
Esto desplaza el centro de gravedad de la historia: evitar una nueva entrada masiva sigue siendo relevante, pero la urgencia cotidiana está también en alojamiento, higiene, alimentación, protección de menores y capacidad administrativa. Abrir más plazas puede aliviar los asentamientos informales sin resolver automáticamente el estatus o el destino posterior de quienes sean acogidos.
La actualización del 24 de septiembre permite concretar mejor la dimensión de menores: el Gobierno afirma tener 2.383 menores no acompañados ya filiados en Ceuta.
De ellos, 54 han sido reagrupados con familiares en la península y otros 118 han sido reubicados mediante el mecanismo de contingencia. Son vías distintas: reagrupación significa reunirse con familiares verificados; reubicación significa trasladar la responsabilidad de acogida a otro recurso o territorio.
El ministro Ángel Víctor Torres añade que unos 400 menores están actualmente en recursos del Gobierno y pasarán a centros de acogida específicos gestionados por la ciudad para evitar que compartan espacios pensados para adultos.
Las autoridades españolas y marroquíes han hablado de retornos, pero no todos los menores pueden ser devueltos automáticamente. Cada expediente debe analizar vínculo familiar, interés superior del menor, garantías de recepción y requisitos legales aplicables.
El Gobierno trabaja además con el objetivo operativo de reducir los asentamientos en playas y otros espacios informales antes de mediados de octubre. Esa fecha es una meta administrativa, no una garantía de que para entonces haya quedado resuelta la situación jurídica de todas las personas.
El dato de 2.383 filiados cambia la historia porque sustituye parte de las estimaciones iniciales por registros individualizados. Aun así, identificar, alojar y decidir la solución duradera son tres fases diferentes y no deben confundirse.
La crisis de alojamiento ha dejado además una imagen especialmente clara. Bomberos de Ceuta localizaron un asentamiento dentro de una antigua galería militar subterránea que conecta la zona del Sarchal con el entorno del actual campus universitario.
El hallazgo fue accidental: los efectivos entraron para sofocar un incendio provocado por un infiernillo y encontraron camas, enseres y espacios utilizados como alojamiento improvisado.
RTVE estima que el lugar podía estar siendo utilizado por entre 30 y 50 personas. Esa cifra describe la capacidad aproximada observada en el asentamiento, no un censo individual confirmado de quienes estaban dentro en ese momento.
Este episodio no demuestra una nueva entrada masiva ni modifica por sí solo las cifras fronterizas. Sí añade evidencia sobre las condiciones de vida de parte de quienes permanecen en Ceuta fuera de recursos formales, con riesgos de incendio, ventilación, salubridad y acceso de emergencias.
La crisis de alojamiento añade ahora una vertiente policial. La Policía Nacional ha desmantelado dos inmuebles en Loma Colmenar y la barriada del Príncipe donde localizó a 28 migrantes, tres de ellos menores.
Según la investigación policial, los espacios se utilizaban presuntamente para ocultar y alojar a personas en situación irregular a cambio de dinero. Algunas dependencias carecían de agua corriente, electricidad o ventilación y varias personas dormían sobre colchones en el suelo.
La Policía ha detenido a tres personas. Los investigadores estiman que la actividad habría generado más de 10.000 euros, aunque esa cifra forma parte de las diligencias y no de una sentencia judicial.
También se investiga si algunos ocupantes realizaron trabajos de reforma o construcción a cambio del alojamiento. Ese elemento es relevante porque puede convertir una situación de vivienda precaria en una posible relación de explotación que deberá ser acreditada en el procedimiento.
Los tres menores localizados fueron derivados a los mecanismos de protección correspondientes. Su presencia vuelve a mostrar que control fronterizo, alojamiento, protección infantil e investigación penal son problemas distintos que pueden coincidir en la misma crisis.
La cautela jurídica es esencial: detención no equivale a condena, y que estos dos inmuebles estén bajo investigación no permite describir todos los alojamientos informales de Ceuta como redes criminales.
Marruecos ha reiterado a España que está dispuesto a colaborar en el retorno de personas que permanecen en Ceuta y no tengan derecho a protección internacional. Su ministro de Exteriores, Naser Burita, sostiene que la ejecución de esas devoluciones corresponde a España.
La afirmación no significa que todas las personas puedan ser devueltas de forma automática. Cada caso depende de situación jurídica, protección internacional, identificación y, cuando se trata de menores, garantías adicionales.
En paralelo, Marruecos ha detenido a diez personas sospechosas de difundir contenidos y noticias falsas que, según sus autoridades, incitaban a una migración irregular masiva hacia Ceuta y Melilla. La responsabilidad penal todavía debe determinarse judicialmente.
En España, el Gobierno y la ciudad autónoma discuten además la reubicación de menores. Ernest Urtasun ha pedido agilizar una propuesta para trasladar a la península a 500 menores, una medida distinta del retorno a Marruecos.
El cuadro actual tiene por tanto tres planos separados: retornos internacionales, reparto interno de menores y procedimientos penales por presunta incitación digital. Mezclarlos produce una imagen jurídica incorrecta de la crisis.
El balance operativo difundido el 24 de septiembre añade un dato importante sobre salidas hacia Marruecos, pero también una inconsistencia aritmética que conviene no ocultar.
Ángel Víctor Torres citó 7.099 retornos voluntarios y 364 expulsiones. Esos dos componentes suman 7.463, aunque distintas informaciones que recogen la misma comparecencia publican un total de 7.533 e incluso 7.553.
WIRESdesk no corrige por su cuenta cuál de los tres totales es el oficial correcto mientras la Administración no aclare la discrepancia. Mantiene por separado los dos componentes comunicados y señala que el total difundido públicamente no cuadra con ellos.
Torres afirmó además que se habían realizado 2.742 triajes a adultos y que los retornos voluntarios estaban aumentando a un ritmo aproximado de 150 a 200 personas al día.
El dato cambia el foco de la crisis: además de alojamiento y protección de menores, la capacidad administrativa para identificar, entrevistar y resolver la situación de cada adulto está determinando cuántas personas permanecen en la ciudad.
La discrepancia sobre los retornos se amplía el 28 de septiembre. Ángel Víctor Torres elevó el balance gubernamental a “cerca de 8.000” retornos voluntarios desde el 10 de agosto.
El Sindicato Unificado de Policía cuestiona ese volumen. Según el sindicato, agentes destinados en Ceuta han observado durante las últimas tres semanas una media aproximada de 60 salidas voluntarias diarias a través del paso habilitado.
El SUP sostiene además que continúan en la ciudad más de 14.000 personas, incluidos menores, distribuidas entre recursos de acogida, asentamientos y distintos barrios.
Ambas afirmaciones deben mantenerse separadas. El Gobierno comunica un balance administrativo agregado; el SUP aporta una estimación propia basada en observaciones y fuentes policiales que no equivale necesariamente a un registro completo de todas las salidas.
Por eso WIRESdesk no sustituye una cifra por otra. Mantiene la cifra oficial atribuida al Gobierno, incorpora la objeción del sindicato y espera un desglose administrativo que permita reconciliar retornos voluntarios, expulsiones, fechas y personas todavía presentes en Ceuta.
Juan Jesús Vivas ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta del 30 y 31 de julio. RTVE señala que la magistrada ha requerido alertas, informes, órdenes de servicio, correos y documentación operativa emitida entre el 20 de julio y el 7 de agosto para reconstruir qué sabía cada organismo y cuándo.
Según el relato de Vivas recogido por EL PAÍS tras la comparecencia, el presidente ceutí explicó que en los días previos alertó al jefe de gabinete del presidente del Gobierno y a varios ministerios, pidió reforzar los efectivos, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único. Esas afirmaciones forman parte de una declaración testifical: la investigación deberá contrastarlas con registros de llamadas, mensajes, informes y las versiones de otros responsables.
En paralelo, el BOE publica hoy el Real Decreto 761/2026. La norma modifica los recursos que pueden emplearse bajo la situación de interés para la seguridad nacional declarada en Ceuta y añade una parcela perteneciente al Centro Penitenciario como espacio susceptible de uso para acogida temporal. El decreto justifica el cambio por la necesidad de adaptar de forma continua los espacios disponibles y reducir el impacto sobre la actividad ordinaria de la ciudad.
Las dos novedades no prueban la misma cosa. La declaración judicial busca reconstruir responsabilidades y avisos anteriores a la crisis; el real decreto describe cómo está reaccionando ahora la Administración ante una situación que todavía exige alojamiento, identificación, retornos, protección de menores y coordinación con Marruecos. WIRESdesk mantendrá ambas capas separadas para evitar convertir una acusación política o un testimonio en un hecho judicialmente establecido.
La Audiencia Nacional ha añadido este miércoles una respuesta organizativa propia a la crisis de Ceuta. Su Sala de Gobierno ha aprobado reforzar durante seis meses la Sala de lo Contencioso-Administrativo ante el incremento previsto de recursos y procedimientos de protección internacional vinculados a la entrada masiva de finales de julio.
El acuerdo prevé una comisión de servicios sin relevación de funciones que implica a los 43 magistrados de la Sala y un sistema de guardia ininterrumpida durante ese periodo. Es una medida de capacidad judicial: no anticipa el resultado de las solicitudes de asilo ni de los recursos, y debe mantenerse separada de la investigación penal sobre cómo se produjo la entrada masiva.
