Pamela Hites amplía su querella contra su hermano Marcos: lo acusa ahora de lavado de activos y de desviar acciones de Empresas Hites

La disputa entre los hermanos **Pamela** y **Marcos Hites**, hijos del fundador de la cadena de retail Empresas Hites, Alex Hites Averbuck, fallecido en 2021, escaló con la ampliación de la querella criminal que Pamela presentó en octubre de 2025 ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. A la acusación original de estafa y administración fraudulenta, la querellante sumó ahora el delito de lavado de activos.

La presentación original, por una supuesta defraudación patrimonial superior a los **$37.700 millones** (unos US$40 millones), detallaba maniobras como "adulteración contable y simulación de pasivos", "ocultamiento de activos mediante estructuras societarias opacas", "balances y estados financieros engañosos" y "cuentas por cobrar ficticias y retiros encubiertos", todas atribuidas a Marcos en su rol de administrador y albacea de los bienes familiares.

La ampliación, patrocinada por un equipo legal en el que participa el exfiscal **Carlos Gajardo**, se centra en una operación concreta: la cesión, en mayo de 2025, desde la sociedad Paluma a Inversiones Bandera SpA de la opción preferente para suscribir **40.944.053 acciones** de Empresas Hites por un peso, un paquete que Pamela Hites valora en cerca de **$20.000 millones**. La querella pide además un peritaje de la Brigada de Delitos Económicos u otra entidad que defina el Ministerio Público para valorizar esas opciones cedidas.

El escrito incorpora también una acusación sobre el uso de menores de edad: según la presentación, Marcos habría utilizado a sus propios hijos —todos menores de edad y sin remuneración conocida— para "distraer activos societarios", permitiéndoles acumular en conjunto un patrimonio superior a los **US$100 millones**, lo que la querella describe como parte del mecanismo de blanqueo de los activos cuestionados.

La defensa de Marcos Hites rechaza el planteamiento de fondo. Su abogado, Alex Van Weezel, socio de Claro & Cía., sostuvo que se trata de "un típico conflicto de herencia entre hermanos" que "tiene que resolverse en sede civil" y recordó que existe una transacción firmada por Pamela en 2023 —que ella ahora busca anular— y un proceso arbitral en curso a cargo del jurista Enrique Barros. Van Weezel calificó la ampliación por lavado de dinero como "una fórmula estándar para presionar a la contraparte instrumentalizando el sistema penal", al no existir, según su lectura, un delito base acreditado.

Empresas Hites es una cadena de multitiendas fundada en 1968 a partir de un negocio familiar que se remonta a 1940, y que en el año 2000 se transformó en sociedad anónima. La compañía debutó en la Bolsa de Santiago en 2009, recaudando US$35 millones en su apertura, y hoy opera cerca de 30 tiendas, principalmente en la Región Metropolitana, además de un negocio financiero a través de su filial de tarjetas de crédito. Se trata de uno de los cuatro actores más relevantes del retail chileno, aunque con una participación de mercado menor que la de competidores como Falabella o Ripley en el segmento de tiendas por departamento.

El litigio entre los hermanos Hites se produce, por tanto, sobre el control de una empresa que cotiza en bolsa y que maneja además una cartera de crédito de consumo, lo que añade una dimensión de interés público al conflicto: decisiones sobre la propiedad de las acciones controladoras pueden afectar la gobernanza de una compañía con miles de clientes y trabajadores, más allá del interés patrimonial directo de la familia fundadora.

Fuentes cercanas a Marcos citadas por la prensa económica atribuyen el conflicto a expectativas de Pamela sobre una mayor liquidez y a una sobreestimación del patrimonio de su hermano: su participación del 19,37% en Empresas Hites, a través de Inversiones Paluma Uno, se estima en unos US$8,3 millones, una cifra sensiblemente menor a los montos que se disputan en la querella.

El caso avanza en dos vías paralelas —la penal, con la querella ante el Juzgado de Garantía, y la civil, con el arbitraje sobre la validez del acuerdo de 2023— sin que exista a la fecha una resolución judicial sobre el fondo de ninguna de las dos. Las acusaciones de estafa, administración fraudulenta y lavado de activos corresponden a lo planteado por la parte querellante y no han sido probadas ni resueltas por un tribunal.