La PDI chilena cifra en 116 los funcionarios desvinculados por razones disciplinarias desde 2024

El director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna, informó ante la Comisión de Constitución de la Cámara que 116 funcionarios han sido desvinculados desde 2024 por razones disciplinarias o pérdida de confianza.

Cerna explicó que la institución dispone de mecanismos internos y canales confidenciales para investigar faltas de probidad y posibles hechos de corrupción. En lo que va de 2026, esos controles han recibido 155 reclamos relativos a probidad y tres por eventual corrupción.

Según las cifras expuestas, en 2024 se registraron 59 reclamos por faltas de probidad y tres por corrupción; en 2025 fueron 133 y dos, respectivamente. Las denuncias recibidas no equivalen a hechos probados ni a funcionarios sancionados.

La comparecencia se produce en un contexto de investigaciones a miembros de la policía civil por delitos graves. La dirección de la PDI defiende que las investigaciones internas y las desvinculaciones muestran una política de control, mientras los casos alimentan el debate sobre supervisión institucional.

Las 116 salidas agrupan razones disciplinarias y pérdida de confianza, categorías que no son idénticas a condenas penales. Los reclamos por probidad tampoco pueden sumarse como casos de corrupción confirmados; cada uno requiere investigación y resolución individual.

Para la ciudadanía, el dato relevante es la capacidad de una policía para detectar, investigar y sancionar conductas incompatibles con el servicio. Para los funcionarios, los procedimientos deben combinar controles efectivos con garantías administrativas y judiciales.

Un sistema de integridad puede generar inicialmente más denuncias porque mejora los canales para reportar conductas, sin que eso signifique necesariamente que haya aumentado la corrupción real. Por eso conviene mirar a la vez denuncias, investigaciones terminadas, sanciones y sentencias.

Los próximos indicadores útiles serán cuántos reclamos de 2026 terminan acreditados, qué sanciones se imponen y si se adoptan cambios en declaraciones patrimoniales, controles internos o selección de personal. Esos datos permitirán medir la respuesta más allá del número bruto de denuncias.